La Procuraduría General de la Nación decidió ponerle la lupa a los multimillonarios sobrecostos denunciados por la Contraloría General de la República en desarrollo del proyecto de la Refinería de Cartagena (Reficar) y para ello abrió procesos disciplinarios contra 11 directivos y exdirectivos de la entidad para la época de los hechos.

La investigación cobija al actual presidente de Reficar, Reyes Reinoso Yánez, y el expresidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy.

Igualmente, a Álvaro Echeverry Gutiérrez, exvicepresidente jurídico de Ecopetrol y actual embajador de Colombia en Chile; Orlando Díaz Montoya, gerente de la refinería de Barrancabermeja y vicepresidente encargado de refinación en Ecopetrol; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar; Adriana Echeverry Gutiérrez, gerente de Ecopetrol América; Luis Sanabria Chacón, gerente de refinados de Ecopetrol; Pedro Rosales Navarro, exrepresentante legal suplente de Ecopetrol y exvicepresidente de refinación, así como los exmiembros suplentes de la junta directiva Jaime Flórez Muñoz y Diana Calixto Hernández.

Otro directivo de la época, Federico Maya Molina, quien se desempeñaba como vicepresidente de refinación de Ecopetrol, falleció en un accidente en 2015.

Según la Contraloría, los costos de ejecución de la Refinería de Cartagena se incrementaron en USD4.023 millones. Es decir, el costo total del proyecto es de USD8.016 millones, frente al presupuesto inicial de USD3.993 millones, para un incremento del 100%.

Además, el ente fiscal advirtió que la firma norteamericana CB&I (Chicago, Bridge and Iron), a la que Glencore transfirió la construcción de la Refinería de Cartagena, “se estaría yendo del país sin entregar toda la información que requiere la Contraloría General de la República para adelantar la auditoría a Reficar y establecer los responsables de los sobrecostos y demás situaciones irregularidades que señaló el organismo de control en un estudio sectorial revelado esta semana”.

El Contralor Edgardo Maya Villazón dijo que “aquí hay que entregar toda la información, no se puede borrar la información y no se pueden sustraer los discos duros de los equipos, que es lo que están haciendo, según algunas denuncias que se han conocido”.

Puntualizó que “la Contraloría necesita toda la información posible sobre la forma como se ejecutó la construcción de la Refinería de Cartagena, para poder entregar al país los resultados sobre los responsables del incremento de US$4.0023 millones en  los costos y la feria de adiciones de contratos que se dio aquí”.